Uruguay ha tomado una decisión estratégica al no trasladar 75 millones de dólares en costos de combustibles a la población, una medida que sigue las recomendaciones del informe de Precios de Paridad de Importación. Durante una reciente conferencia de prensa, Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería, comunicó que esta resolución fue discutida en un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi.
A pesar de que el impacto en el gasoil podría haber alcanzado más del 25% y en la gasolina un 1%, el país ha optado por manejar sus recursos de manera que evite cargar a los ciudadanos con este incremento. Esta decisión se enmarca en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones entre Estados Unidos e Irán, que han influido en los mercados energéticos globales. Desde el inicio de este conflicto hasta finales de agosto de 2026, el gobierno uruguayo ha protegido al sector productivo y a los consumidores finales de estos potenciales aumentos.
A partir del 1 de septiembre, los precios de los combustibles se mantendrán sin cambios, a pesar de un alza proyectada por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Este congelamiento de precios, que mantiene el litro de gasolina en 88,67 pesos y el de gasoil en 58,68 pesos, representa un esfuerzo considerable del Estado ante el aumento del precio del barril de Brent, que ha subido un 1,32%, alcanzando los 90,49 dólares. Cardona destacó que esta medida es una respuesta al escenario internacional, buscando mitigar el impacto en la economía interna.
